MP presenta acusación de caso Cooptación del Estado


El Ministerio Público presentó las más de 50 mil hojas que entregó a la judicatura en unas 136 carpetas que deberán constar en las fases procesales siguientes.

El fiscal Francisco Sandoval enrega la acusación en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
El fiscal Francisco Sandoval enrega la acusación en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Según explicó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, figuran 46 personas sospechosas de la supuesta comisión de delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Para el traslado de la documentación desde la sede del órgano investigador a la Torre de Tribunales, se utilizaron tres picops y más de 20 cajas, indicó el fiscal.

Sandoval detalló que los señalamientos contra los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no figuran en la documentación, pues ellos fueron acusados meses antes en el caso TCQ, que es una de las fases de Cooptación.

El fiscal afirmó que en los próximos días darán a conocer que sindicados aceptaron el procedimiento abreviado para su proceso.

El negocio de un partido

“Que a muchos contratistas se les otorgaran eventos devenía de compromisos adquiridos en la época electoral. Tiene distintas personas que participan, por lo complejo de la red que se investigó”.

El fiscal explicó que se dieron cuenta que sociedades de cartón y de pantalla, manejaban grandes fondos, y al hacerle seguimiento a los recursos antes y después de que tomara posesión el Partido Patriota, llegaron a la conclusión de que había dinero de procedencia ilícita.

De acuerdo con las primeras líneas de la investigación, los excandidatos presidenciales Pérez Molina y Baldetti, lograron financiamiento de múltiples empresas y grupos al margen de la ley, que posteriormente cobraron el favor.

Pero además está el otorgamiento de contratos del Estado para obras, alimentación, equipos y frecuencias de televisión, que habrían sido entregados a privados y familiares de autoridades del gobierno anterior, como devolución por financiamiento electoral ilícito.



Fuente Prensa Libre

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